Por José Antonio Ocampo Gaviria
Ministro de Hacienda y Crédito Público
La aprobación en primera instancia de la reforma tributaria representa un gran avance para el país. Hemos adelantado una amplia conversación nacional que ha enriquecido el proyecto original. Escuchamos por más de 250 horas a los congresistas de todas las corrientes política y a múltiples sectores productivos que nos ayudaron a enriquecer el proyecto original. Gracias a ello, hoy son más los puntos de encuentro que los de discrepancia.
El objetivo esencial de la reforma es responder, a través del gasto público, a la alta deuda histórica con los sectores más pobres de la población en uno de los países con mayores niveles de desigualdad del mundo. De ahí que la iniciativa tenga como título “Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”.
En los impuestos a personas naturales, se reducen los beneficios a los contribuyentes que ganan más de $13 millones mensuales. Esto significa que solo aumentan para el 1,4% de más altos ingresos del país.
Sobre el tratamiento tributario de los dividendos, se acogió un descuento que mantiene la progresividad, con tarifas que variarán entre el 0 y el 20%. En el caso de las ganancias ocasionales, se acogió una tarifa del 15%.
Por su parte, el impuesto al patrimonio será del 0,5% para las personas con más de $3.000 millones, 1% para los de más de $5.000 millones y 1,5% para los de más de $10.000 millones, todas tarifas marginales. La última solo estará vigente durante los próximos cuatro años.
En cuanto a los impuestos saludables, las tarifas para bebidas azucaradas y una lista reducida de alimentos aumentarán gradualmente, dando tiempo a las empresas para que modifiquen sus productos y a los consumidores para los vayan acogiendo. Los pequeños productores estarán exentos de estos impuestos.
En el caso del sector empresarial, se establece la tasa mínima del 15% acordada el año pasado en las negociaciones de la OCDE y se limitan algunos beneficios tributarios, aunque se mantienen varios que se consideran estratégicos: promoción de la vivienda de interés social, cultura, ecoturismo y agroturismo, y ciencia y tecnología. Por otra parte, se amplían significativamente las ventajas del régimen simple, para atraer hacia él a muchas más micro y pequeñas empresas.
Un elemento de consenso ha sido que los sectores de petróleo y carbón, que se benefician de altos precios internacionales, deben contribuir extraordinariamente a financiar al sector público, como lo están haciendo en varios países y como lo hizo el sector cafetero durante sus bonanzas del pasado.
En lo que tiene que ver con las tarifas de tributación conjunta de las empresas y sus socios a través de dividendos y patrimonio, ha habido muchas estimaciones que confunden. Por eso hicimos público un ejercicio que precisa tres dimensiones importantes.
La primera es que las empresas, especialmente las grandes, utilizan beneficios tributarios. La segunda es que retienen parte de sus utilidades. La tercera es que otros impuestos, en especial el ICA y el 4 por mil, no son gravámenes sobre las utilidades y son asumidos en buena medida por los consumidores.
Con las correcciones por estos factores, el Ministerio de Hacienda estima que la tarifa conjunta será inferior al 30% y, más aún, solo afecta a grandes empresas y sus socios y se mantiene inalterada para las pequeñas empresas.
Finalmente, las severas normas propuestas sobre evasión y elusión buscan enfrentar uno de los problemas que genera pérdidas estimadas hasta en $80 billones. El gobierno espera que con estas normas y el fortalecimiento de la DIAN se consiga más de la mitad del recaudo esperado.
Los grandes retos que nos convocan son construir una Colombia más justa. Esta reforma es un paso en esa dirección, hacia un sistema tributario más equitativo y mayores recursos para el gasto social.